El debate sobre si las empresas deben o no asumir el coste de las gafas graduadas de sus empleados ha cobrado un nuevo impulso. Una sentencia emitida en España ha aplicado directamente la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sentando un precedente que clarifica las obligaciones de las empresas en materia de salud visual.

El punto de partida es la sentencia del TJUE de 22 de diciembre de 2022 (asunto C-392/21) que ya comentamos en su momento. En ella…

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